Todos sabemos que una de las líneas ideológicas más importantes dentro del Partido Popular es el liberalismo económico. Este tipo de pensamiento mostró sus virtudes en numerosas ocasiones, algunas tan cercanas como los gobiernos españoles pasados, donde se apostó decididamente por la reducción del sector público y la relajación del la presión fiscal. Estas decisiones, criticadas en su momento, han permitido que empresas españolas, antaño de propiedad gubernamental y con una eficiencia más que discutible, sean ahora grandes multinacionales con unas cuentas sobradamente saneadas. Podríamos hablar también del despegue económico que supusieron estas medidas, pero son hechos harto conocidos por todos nosotros. También se da en nuestro entorno el caso contrario. Andalucía cuenta con una maraña inteligible de Empresas Públicas, cuyos fondos se dedican a nutrir el montante de votantes del partido que los sustenta, en el peor de los casos, los amiguitos y familiares de los poderosos son los más beneficiados de la actividad de estas empresas.
Para no desviarnos más del tema que titula este texto, nos centraremos en los Municipios gobernados por partidos de corte liberal. En no pocas ocasiones la ideología liberal choca de frente con la necesidad de nutrir a los ciudadanos de servicios que en teoría deberían estar cubiertos por la “cuota” que dedican los cotizantes a este menester, recursos que los ayuntamientos ni huelen.
Son en estos casos donde se encuentra la bifurcación del camino, bien se puede optar por aumentar la presión fiscal sobre los ciudadanos engordando las arcas municipales y cubrir así los servicios cuya competencia recae sobre estamentos superiores, o bien, dejar que esas necesidad sean cubiertas por el sector privado.
La doctrina liberal es de difícil entendimiento en una sociedad que se rige básicamente por la creencia de que los servicios dados por el Estado son “gratuitos”, cuando no es así; es más, se pagan en exceso gracias a los recursos aportados por los ciudadanos a la haciendo pública.
Ahora bien, aceptarían los ciudadanos una rebaja fiscal a cambio de renunciar a esas prestaciones públicas y pasarse al sector privado, con la mejora del servicio y menor coste que ello conlleva, o sin embargo, castigarían seriamente a los responsables de dicho “dislate”.
La realidad es que no se pueden tener políticas distintas en los diferentes niveles administrativos, mientras se apueste por este modelo y se siga administrando de forma deficiente los recursos, mirando básicamente el color político de los ciudadanos a los que destinan, la administración seguirá “metiendo mano” al bolsillo del ciudadano, pagando por duplicado, incluso por triplicado, servicios que los de “más arriba” han olvidado dar y que el más cercano al pueblo se ve obligado a dar, ese es el compromiso que adquirió en su día.
